El derecho a disfrutar de un acceso pleno, libre e informado a la información, los servicios y los suministros anticonceptivos es fundamental para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como para el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Estos derechos son universales, inalienables e indivisibles, y los Estados tienen el deber de respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Existen diversos obstáculos y oportunidades que impiden o facilitan el acceso a la PF. El poder, la gobernanza y la rendición de cuentas, así como la participación y el liderazgo de las mujeres, influyen en los resultados y en la capacidad de los agentes clave para obtener resultados en materia de PF.
Malaui ha sido elogiado por adoptar muchas de las políticas y estrategias necesarias y está en vías de alcanzar la tasa global de cobertura anticonceptiva del 60% para 2020. A pesar de ello, el verdadero reto reside en llegar a los grupos más marginados, como los jóvenes, donde existe una importante necesidad insatisfecha, y en la falta de control y elección de las mujeres debido a las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres. Para estos grupos, existen pocos incentivos políticos o institucionales para impulsar programas coordinados y bien dotados de recursos que puedan suponer un avance significativo para Malawi, debido a cuestiones culturales profundamente arraigadas y a la fragmentación de la estructura institucional.
Según la evaluación de los Servicios de Salud Acogedores para los Jóvenes (YFHS) de 2014:
– La necesidad insatisfecha de métodos de planificación familiar entre los jóvenes de 15 a 24 años es del 19%.
– Al 31% de los jóvenes le gustaría tener acceso a la planificación familiar pero no puede
– El 31,7% de los jóvenes ha oído hablar del SJAS
– El 13% ha utilizado alguna vez estos servicios.
