Mientras la crisis del COVID-19 se desarrollaba en todo el mundo a finales de marzo, la IPPF lanzó una encuesta rápida para obtener un análisis temprano del impacto del C-19 en las operaciones de las AM y en la prestación de servicios de SSR, con el fin de informar las prioridades para una respuesta de la IPPF.
Un análisis preliminar de la situación muestra que las AM tienen dificultades para garantizar la continuidad de los servicios de SSR durante la crisis.
De las 121 AM que participaron en la encuesta, 104 son proveedoras de servicios de SSR. La mayoría (66%) de los que son proveedores de servicios informaron de un descenso en el número de puntos de prestación de servicios operativos desde que comenzó el brote de C-19 (con 5.633 cierres), lo que afecta especialmente a la prestación de servicios comunitarios. Además, la gran mayoría de estas AM (88%) informó de que había tenido que reducir la disponibilidad de al menos una categoría de servicios de SSR, y el 35% informó de que había reducido todos los servicios de SSR.
La crisis del C-19 también ha afectado a la capacidad de las AM para pagar a su personal: más de 200 empleados de 12 AM han sido suspendidos o despedidos desde el inicio del brote. Esto no sólo repercute en las vidas y los medios de subsistencia de nuestros colegas, sino que disminuye la capacidad de las AM para prestar servicios de SSR de calidad y basados en los derechos.
Al mismo tiempo, la encuesta reveló profundas perturbaciones en la cadena de suministro de materias primas desde la aplicación de las medidas del C-19. Más de un tercio de las AM informaron de la escasez de productos clave de SSR, incluidos anticonceptivos, suministros para abortos seguros, medicamentos para el VIH y pruebas de embarazo, entre otros.
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