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COVID-19 puede cambiar fundamentalmente el uso de anticonceptivos por parte de las mujeres, alterando así la gama de suministros que se necesitarán a corto plazo. Los responsables políticos deberán tener en cuenta las realidades de cada país y estudiar las adaptaciones de la prestación de servicios para satisfacer estas necesidades cambiantes. Los datos existentes pueden cuantificar el posible cambio en el uso de anticonceptivos para ayudar a fundamentar las decisiones.
Es posible que los donantes, los responsables políticos y los planificadores de programas tengan que revisar los planes de suministro y el uso de la financiación para garantizar que la anticoncepción se mantenga de forma eficaz.
Desde el inicio de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la comunidad de planificación familiar ha centrado su atención en mitigar las devastadoras consecuencias de no satisfacer las necesidades de anticoncepción de las mujeres. Estimaciones recientes del Guttmacher Institute sugieren que incluso con sólo un 10% de descenso en el uso de anticonceptivos reversibles de corta y larga duración (LARC) en 132 países de ingresos bajos y medios, la necesidad insatisfecha de anticoncepción aumentaría en 48,6 millones de mujeres y provocaría 15 millones de embarazos no deseados adicionales. Ese riesgo aumenta cada día a medida que salen a la luz informes sobre el cierre de clínicas, la reducción de los servicios móviles de extensión y la disminución del número de clientes que acuden incluso a las clínicas abiertas.
Para garantizar el acceso de las mujeres a una gama completa de métodos, así como a los servicios de extracción, hemos recibido llamamientos de toda la comunidad de salud reproductiva para salvaguardar la integridad de los sistemas de prestación de servicios existentes y las cadenas de suministro que los sustentan. Estos llamamientos son fundamentales y bienvenidos. Pero en entornos donde estos sistemas sufren presiones o dejan de funcionar del todo, se proponen soluciones diferentes, como las que plantean Nanda et al. en este número de GHSP. Describen enfoques como minimizar el contacto entre el cliente y el proveedor de planificación familiar mediante el uso de la telesalud y la integración en otros servicios esenciales (planificación familiar posparto en el mismo día). También tienen en cuenta el uso prolongado de LARC, las opciones de cambio de método y la modificación de las directrices de dispensación en caso de que se produzcan interrupciones. Muchas de las sugerencias de este artículo se han repetido en otros lugares.
COVID-19 está cambiando radicalmente el panorama anticonceptivo y, por extensión, la capacidad de los programas nacionales para satisfacer las necesidades inmediatas de anticoncepción de las mujeres. El futuro para el que hemos estado planificando y procurando no será, con toda probabilidad, la realidad que veamos ante nosotros en los próximos 12-18 meses. Por lo tanto, es un error pedir a las cadenas de suministro que continúen alimentando los programas con una mezcla de suministros que quizá ya no sean capaces de suministrar. COVID-19 está planteando una serie de cuestiones importantes sobre la relación entre producto y programa. En estos tiempos sin precedentes, debemos replantearnos la forma de vincular productos y programas para garantizar la continuidad del acceso de las mujeres a la anticoncepción.
Para añadir contexto a estos debates políticos, hemos intentado cuantificar los posibles cambios en el uso de anticonceptivos que podrían derivarse de algunas de las estrategias de mitigación que hemos esbozado. Nos centramos en las estrategias de mitigación que más probablemente reflejen la disponibilidad de opciones anticonceptivas en COVID-19 para destacar las implicaciones de tales cambios.
