La pandemia de nuevos coronavirus (COVID-19) de 2020 ha llevado a los responsables de salud pública a recomendar una reducción de los servicios sanitarios habituales. Estos servicios se limitan a evaluaciones vitales y urgentes para limitar la propagación de infecciones, proteger al personal sanitario y conservar los equipos de protección personal. Sin embargo, una consecuencia no deseada de la reducción de los servicios es la inaccesibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), como la anticoncepción y el cribado y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS). La disminución del acceso a la SSR es de especial importancia para los jóvenes (entre 15 y 24 años), que presentan las tasas más elevadas de embarazos no deseados e ITS. La tasa de ITS ha aumentado por quinto año consecutivo y constituye una crisis de salud pública en sí misma. Una infección por clamidia y gonorrea no tratada puede provocar una enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). La EPI puede provocar dolor pélvico crónico, infertilidad tubárica y embarazo ectópico, todo lo cual puede repercutir negativamente en el futuro potencial reproductivo de la mujer.
Los jóvenes acceden habitualmente a los servicios de SSR en los centros de salud (por ejemplo, centros de salud cualificados a nivel federal, departamentos locales de salud pública), centros de Planned Parenthood, centros de salud escolares o vinculados a escuelas, y centros clínicos tradicionales como consultas de pediatría y medicina familiar de atención primaria. Estos lugares suelen ofrecer servicios integrales de salud médica y mental, asesoramiento, reproducción y servicios sociales para los jóvenes, así como recursos tangibles como preservativos, píldoras anticonceptivas y tratamiento de las ITS. A pesar de estos recursos, los jóvenes siguen experimentando barreras para acceder a los servicios de SSR, como la pérdida de confidencialidad, la accesibilidad geográfica y el estigma (es decir, sentimientos de timidez y vergüenza). La generalización de las órdenes ejecutivas de “quedarse en casa”, la reducción de las opciones de transporte público y la reasignación de proveedores que suelen prestar asistencia en lugares frecuentados por los jóvenes no harán sino limitar aún más el acceso.
