El derecho a disfrutar de un acceso pleno, libre e informado a la información, los servicios y los suministros anticonceptivos es fundamental para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como para el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Estos derechos son universales, inalienables e indivisibles, y los Estados tienen el deber de respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Existen diversos obstáculos y oportunidades que impiden o facilitan el acceso a la PF. El poder, la gobernanza y la rendición de cuentas, así como la participación y el liderazgo de las mujeres, influyen en los resultados y en la capacidad de los agentes clave para obtener resultados en materia de PF.
El Gobierno de Mali se comprometió a aumentar el acceso a la Planificación Familiar (PF) como parte de FP2020 para tomar las medidas de su competencia para hacer frente a algunas de estas barreras. El cumplimiento de los compromisos de FP2020 tiene el potencial de transformar la prestación de servicios de planificación familiar, ampliando los servicios de alta calidad a gran escala y llegando a los más marginados. Pero las dificultades institucionales y las prioridades contrapuestas de Nepal están ralentizando los avances. Las intervenciones de rendición de cuentas pueden alterar esta tendencia trabajando con una serie de actores para que los gobiernos y los proveedores de servicios sean más capaces de cumplir los compromisos que han asumido, impulsando una escala de impacto que sería inalcanzable con intervenciones alternativas.
Si bien las restricciones más generales para aumentar el uso de la PF en Malí limitan el alcance de las intervenciones de responsabilidad social, todavía hay áreas en las que la responsabilidad puede desempeñar un papel importante.
