El derecho a disfrutar de un acceso pleno, libre e informado a la información, los servicios y los suministros anticonceptivos es fundamental para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como para el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Estos derechos son universales, inalienables e indivisibles, y los Estados tienen el deber de respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos hasta el máximo de los recursos de que dispongan. Existen diversos obstáculos y oportunidades que impiden o facilitan el acceso a la PF. El poder, la gobernanza y la rendición de cuentas, así como la participación y el liderazgo de las mujeres, influyen en los resultados y en la capacidad de los agentes clave para obtener resultados en materia de PF.
El Gobierno etíope se comprometió a aumentar el acceso a la Planificación Familiar (PF) como parte de FP2020 y a tomar las medidas de su competencia para abordar algunas de estas barreras. El cumplimiento de los compromisos de FP2020 tiene el potencial de transformar la provisión de planificación familiar, ampliando los servicios de alta calidad a escala y llegando a los más marginados. Pero los ambiciosos compromisos y los limitados incentivos políticos hacen que su aplicación se esté retrasando en Etiopía. Las intervenciones de rendición de cuentas pueden alterar esta tendencia trabajando con una serie de actores para que los gobiernos y los proveedores de servicios sean más capaces de cumplir los compromisos que han asumido, impulsando una escala de impacto que sería inalcanzable con intervenciones alternativas. Para lograrlo, los programas de responsabilidad social deben ser “estratégicos”: buscar múltiples vías para el cambio, crear un entorno propicio para la acción colectiva y vincular la movilización ciudadana a agentes dentro de los gobiernos con incentivos similares.
