Las recientes declaraciones de la Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la COVID-19 subrayaron que “todos los países deben lograr un delicado equilibrio entre la protección de la salud, la reducción al mínimo de las perturbaciones económicas y sociales y el respeto de los derechos humanos”. Los marcos de derechos humanos proporcionan una estructura crucial que puede reforzar la eficacia de los esfuerzos mundiales para hacer frente a la pandemia.
El brote actual de COVID-19 se ha descrito como una pandemia. Las respuestas mundiales y nacionales al COVID-19 han planteado retos únicos y rápidamente cambiantes a la promoción y protección de la salud y de los derechos humanos de las personas en todo el mundo. A medida que los países identifican formas de abordar el COVID-19, la integración de las protecciones y garantías de los derechos humanos en nuestras respuestas compartidas no sólo es un imperativo moral, sino que es esencial para abordar con éxito los problemas de salud pública.
El “goce del grado máximo de salud que se pueda lograr” está en el centro de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1948.3 Nuestro compromiso con la salud como derecho humano debe seguir sirviendo de faro para la forma en que los países responden a esta y otras emergencias de salud pública.
