Planificación familiar y cobertura sanitaria universal: Aprovechar la política, las mejores prácticas y las oportunidades existentes para promover la planificación familiar en la cobertura sanitaria universal.

Aunque el documento articula la interseccionalidad de la PF y la salud primaria en general, centrándose en los usuarios de la planificación familiar, sus derechos, sus necesidades y los retos generales a los que se enfrentan los sistemas sanitarios, es importante subrayar que la PF no es un problema exclusivo de las mujeres, las niñas, los jóvenes y los usuarios de la planificación familiar. El acceso a la planificación familiar es una cuestión de derechos humanos y desarrollo económico que requiere la atención de todas las partes interesadas.

El documento analiza las necesidades y los problemas específicos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas LGBTIAQ+ a la hora de acceder a la sanidad, especialmente a la PF, y a la vez articula y desgrana algunos de los determinantes sociales que conforman los sistemas sanitarios e influyen en ellos. El documento reconoce y afirma la necesidad de intervenciones como la participación de los hombres y el apoyo de aliados tanto en el sector sanitario como en otros sectores, como el sector privado, la comunidad de derechos humanos, los movimientos feministas, los grupos LGBTIAQ+ y los movimientos por los derechos de las personas con discapacidad, para avanzar en la integración de la PF en la CSU y garantizar que el acceso a la salud, incluida la SDSR y la planificación familiar, se articule en un sentido más amplio como una cuestión de derechos humanos, equidad, desarrollo e igualdad de género. Estos esfuerzos entre movimientos son clave para ampliar e intensificar el discurso sobre el cambio de normas y sirven como puntos de entrada para enriquecer la agenda de integración más allá de la financiación para abordar las barreras estructurales que siguen obstaculizando el acceso, perpetúan las violaciones de los derechos humanos y presentan otros retos arraigados que impiden el acceso equitativo.

El documento pretende ampliar las mejores prácticas actuales y garantizar que las recomendaciones políticas se centren en invertir en el liderazgo comunitario, la ampliación y la continuidad de las asociaciones multisectoriales, incluido el sector privado, que siguen siendo fundamentales para prestar servicios sanitarios de forma innovadora.