Las dimensiones de derechos humanos de los programas de planificación familiar han sido reconocidas durante casi medio siglo y afirmadas en numerosas declaraciones, convenciones y tratados respaldados por los gobiernos y la comunidad internacional.
Aunque el discurso sobre el respeto, la protección y el cumplimiento de estos derechos está creciendo, persiste una brecha entre la retórica de los derechos humanos y la integración de los derechos en la política, los programas y la práctica de la planificación familiar. Los gobiernos y los programas luchan por definir y poner en práctica un enfoque de la planificación familiar basado en los derechos. En general, las pruebas son escasas: 1) cómo aplicar programas de planificación familiar basada en los derechos, 2) cómo medir los programas y resultados basados en los derechos, y 3) el efecto de la aplicación de la planificación familiar basada en los derechos en los resultados de la planificación familiar y la salud reproductiva. Además, los conocimientos sobre derechos humanos y planificación familiar son generalmente bajos a nivel mundial, nacional y subnacional. En colaboración con diversas partes interesadas, el Proyecto Evidence está llevando a cabo varias actividades para colmar estas lagunas. Esta labor es especialmente oportuna dado el creciente acuerdo mundial sobre la necesidad de garantizar el acceso a programas basados en los derechos y, al mismo tiempo, cumplir los ambiciosos objetivos de nuevos usuarios de planificación familiar.
