Con la llegada de COVID-19, los países están experimentando interrupciones de los servicios sanitarios de todo tipo: el personal sanitario ha sido reasignado, los suministros ya escasos son aún más difíciles de encontrar, los escasos recursos financieros destinados a la sanidad se están reasignando y los servicios sanitarios rutinarios están menos disponibles, si es que lo están. COVID-19 está provocando el cierre de instalaciones en algunos entornos, en parte porque muchos proveedores carecen de equipos de protección individual (EPI) suficientes para prestar servicios con seguridad. Al mismo tiempo, muchos clientes, sobre todo los que buscan servicios de planificación familiar y salud reproductiva, no pueden acceder a ellos. Esto se debe a una confluencia de factores: La acción policial impide la circulación; las instalaciones cierran sus puertas; muchas personas temen contraer el virus; en algunos casos, la pareja prohíbe a las mujeres salir de casa.
Sin un final claro de la pandemia a la vista, las predicciones sobre las repercusiones negativas en la PF/SR son sombrías. Si la situación se prolonga incluso seis meses, el UNFPA calcula que hasta 47 millones de mujeres de países de ingresos bajos y medios podrían verse imposibilitadas para utilizar métodos anticonceptivos modernos, lo que podría dar lugar a 7 millones más de embarazos no deseados. Igualmente devastadores son los 31 millones de casos adicionales de violencia de género. Según los datos del ébola, es posible que mueran más mujeres y niñas por falta de acceso a los servicios que por el propio coronavirus.
La comunidad de la PF/SR ha respondido rápidamente a la pandemia para tratar de mantener los avances en el uso de la planificación familiar y las mejoras en los sistemas sanitarios. Los organismos normativos han emitido orientaciones sobre la naturaleza esencial de los servicios de PF/SR y se han publicado recomendaciones sobre canales alternativos para prestarlos. Es absolutamente fundamental comprender que “la salud sexual y reproductiva no puede considerarse un lujo”.
Pensar sistemáticamente es esencial para crear un entorno que garantice la disponibilidad de los servicios durante las crisis. Para lograr una vía más sostenible, hay que centrarse en desarrollar y aplicar políticas pertinentes que proporcionen una plataforma jurídica y reglamentaria que permita a las partes interesadas exigir a los responsables políticos que rindan cuentas de sus compromisos.
¿Cómo es un entorno político favorable para un programa de PF/SR? Las políticas deben basarse en la premisa de que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Deben garantizar que las políticas de PF/SR se traduzcan en acciones significativas que apoyen servicios de PF/SR aceptables, accesibles, disponibles y de calidad, y que las políticas incluyan puntos de referencia para garantizar la rendición de cuentas. Tales políticas pueden introducirse y/o reforzarse ahora para prepararse para el futuro, con el fin de garantizar que los programas de PF/SR sigan atendiendo a los clientes durante las crisis.
