Los países de todo el mundo han adaptado las orientaciones internacionales sobre la prestación de servicios de planificación familiar voluntaria y otros servicios de salud reproductiva conexos durante la pandemia de COVID-19 de diversas maneras que se ajustan a sus contextos. El seguimiento del grado de éxito de estas nuevas políticas a la hora de mantener el acceso de las mujeres a una atención segura y de alta calidad proporcionará valiosas lecciones para las respuestas a futuras emergencias de salud pública.
A finales de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, una declaración formal que impulsó a los gobiernos a ordenar que sólo se prestara atención sanitaria “esencial” durante la pandemia. Aunque bienintencionada, esta directiva también es ambigua. Mientras los trabajadores sanitarios se afanan por gestionar oleadas de pacientes altamente infecciosos y a menudo en estado crítico, ¿quién decide qué tipo de atención sanitaria es esencial?
En medio de una designación incoherente de servicios “esenciales”, instalaciones sanitarias sobrecargadas, cierres, interrupciones de la cadena de suministro y restricciones de viaje, sin una acción decisiva, la provisión de planificación familiar voluntaria disminuirá inevitablemente, con efectos potencialmente devastadores. El Guttmacher Institute calculó el impacto de un descenso proporcional del 10% en el uso de métodos anticonceptivos reversibles de corta y larga duración en 132 países de renta baja y media. Según sus cálculos, esto se traduciría en 49 millones de mujeres más con una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos y 15 millones más de embarazos no deseados en el transcurso de un año.
Afortunadamente, los gobiernos han tomado medidas para garantizar que la planificación familiar voluntaria siga siendo esencial y accesible.
