Por Moazzam Ali, Director Regional para las Regiones de Asia y el Pacífico del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Organización Mundial de la Salud, y Jean José Nzau Mvuezolo, Asesor Regional Principal/Iniciativa SAF PAC, CARE USA.
¿Qué impide a las mujeres acceder a los servicios de planificación familiar? En Pakistán, como en muchos países de renta baja, uno de los obstáculos es el coste.
El programa sanitario estatal de Pakistán pretende garantizar que todo el mundo tenga acceso a asistencia sanitaria gratuita o de bajo coste, incluida la planificación familiar. Pero el sistema está sobrecargado, lo que obliga a millones de personas a buscar servicios y suministros en el sector privado. Los elevados gastos de bolsillo pueden hacer que las mujeres pobres se vean excluidas de la atención sanitaria.
El concepto de financiación de la demanda ofrece una solución prometedora. La financiación de la demanda pone el poder adquisitivo directamente en manos de los particulares, normalmente en forma de vales que pueden canjearse con proveedores privados de asistencia sanitaria.
En Pakistán, la Fundación Packard financia programas de vales con la Marie Stopes Society y Greenstar Social Marketing, que gestionan redes privadas de proveedores de servicios de salud reproductiva. Los vales Marie Stopes dan derecho a las mujeres a servicios gratuitos de planificación familiar, mientras que el programa Greenstar ofrece vales de coste reducido para planificación familiar combinada con atención postnatal y vacunación infantil. Ambos planteamientos contribuyen a hacer accesible una asistencia sanitaria de alta calidad a las poblaciones desfavorecidas.
La accesibilidad es un concepto clave en la asistencia sanitaria basada en los derechos. Según la Organización Mundial de la Salud, “el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos exige que los productos sanitarios, incluidos los anticonceptivos, sean físicamente accesibles y asequibles para todos” (Ensuring Human Rights in the Provision of Contraceptive Information and Services: Orientaciones y recomendaciones, OMS, 2014).
De ello se hace eco la publicación de Family Planning 2020 Rights & Empowerment Principles for Family Planning, que incluye la accesibilidad entre los principios básicos de la atención sanitaria reproductiva basada en los derechos:
Accesibilidad: Los centros sanitarios, los proveedores formados y los métodos anticonceptivos son accesibles, sin discriminación y sin barreras físicas, económicas, socioculturales o informativas.
Pero, como sugiere esta definición, el coste no es el único obstáculo al que se enfrentan las mujeres. A veces, incluso las políticas gubernamentales mejor intencionadas pueden ser el mayor obstáculo para el acceso.
En Chad, el 78% de la población es rural. Muchas mujeres y niñas reciben servicios de planificación familiar de enfermeras y comadronas de distrito. El centro de salud funcional más cercano suele estar a dos horas o más a pie.
Para garantizar la prestación de servicios de alta calidad a las mujeres de Chad, en 2012 el Ministerio de Salud publicó normas nacionales para la atención de la salud reproductiva. Desgraciadamente, esas normas hicieron que sólo los médicos -pocos en número, abrumadoramente masculinos y concentrados en zonas urbanas- estuvieran autorizados a insertar y extraer implantes anticonceptivos y dispositivos intrauterinos. Las normas también restringían estos servicios a los hospitales, que son mucho menos comunes que los centros de salud.
CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) Chad reconoció que las nuevas normas, aunque concebidas para garantizar que las mujeres sólo recibieran servicios de proveedores altamente cualificados, en realidad harían inaccesible la planificación familiar para muchas mujeres y niñas.
CARE ya había formado con éxito a enfermeras y comadronas en centros de salud para proporcionar implantes anticonceptivos y DIU. CARE colaboró estrechamente con el gobierno de Chad para demostrar que estos proveedores de nivel intermedio podían, de hecho, prestar servicios de alta calidad, y que los implantes y los DIU no tenían por qué limitarse a los hospitales.
Al demostrar que la prestación descentralizada de servicios facilitaría a las mujeres la obtención del método anticonceptivo de su elección, CARE y sus socios -entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)- ayudaron a convencer al gobierno chadiano de que cambiara su política. El Ministerio de Sanidad publicó nuevas directrices en enero de 2014, levantando las restricciones anteriores y haciendo accesible toda la gama de opciones de planificación familiar a nivel local.
