Los gobiernos de todo el mundo han hecho grandes progresos en la creación de políticas de apoyo a la salud y los derechos humanos de los jóvenes. Cada vez más, los países han institucionalizado los derechos de los adolescentes y los jóvenes a acceder a los servicios sanitarios, incluida la salud sexual y reproductiva (SSR), dentro de las leyes y políticas formales. Las declaraciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos han subrayado la urgencia de que las organizaciones internacionales y los gobiernos garanticen que todos los jóvenes puedan elegir con conocimiento de causa y tengan pleno acceso a los anticonceptivos.1
A pesar del creciente compromiso de los responsables políticos, siguen existiendo muchas barreras para los jóvenes que desean utilizar métodos anticonceptivos. Una base de pruebas limitada ha obstaculizado la evaluación y el mapeo sistemáticos de las políticas y los programas clave que rigen la capacidad de los jóvenes para acceder a la información, los servicios y los productos de planificación familiar (PF). Los gobiernos y sus socios carecen de una orientación clara sobre el apoyo a las intervenciones que garanticen el cumplimiento de sus compromisos para ampliar el uso de la PF entre los jóvenes. Del mismo modo, la sociedad civil necesita establecer esfuerzos de supervisión para comprender cómo abordan los países las necesidades de los jóvenes en sus leyes y políticas e identificar áreas de mejora.
Para colmar esta laguna, el Population Reference Bureau (PRB) ha elaborado un “Índice Global de Planificación Familiar Juvenil” para medir y comparar las políticas y programas de PF juvenil de los países. El índice recopila y analiza las pruebas que identifican las políticas nacionales y las intervenciones programáticas más eficaces para promover el uso de anticonceptivos entre los jóvenes, definidos como personas de entre 15 y 24 años. Este informe detalla la finalidad del nuevo índice, describe su metodología y el proceso de selección de indicadores, y resume los resultados de nueve países.
En el índice, el término “planificación familiar” se refiere a la anticoncepción y los servicios relacionados, como es habitual entre los defensores. Sin embargo, el término “planificación familiar” es menos útil a la hora de considerar las necesidades específicas de salud reproductiva de los jóvenes, ya que muchos de ellos aún no han empezado a planificar una familia, aunque sí necesitan tener acceso a métodos anticonceptivos. El índice utiliza indistintamente los términos PF y anticoncepción.
PROPÓSITO
El índice está diseñado para permitir una evaluación rápida de la medida en que el entorno político de un país permite y apoya el acceso y el uso de la PF por parte de los jóvenes mediante la promoción de prácticas basadas en pruebas. El índice puede ser utilizado por gobiernos, donantes y defensores para:
- Evaluar la inclusión en las políticas de los países de intervenciones basadas en pruebas y de un lenguaje político que haya demostrado reducir las barreras y/o aumentar el acceso de los jóvenes a la anticoncepción.
- Establecer prioridades políticas y orientar los compromisos futuros en función de las carencias y puntos débiles detectados por el índice.
- Comparar los entornos políticos de los distintos países.
El índice evalúa el estado de las políticas de PF juvenil existentes reflejadas en los documentos oficiales de los gobiernos. Se entiende por políticas las leyes, reglamentos y estrategias elaborados por el gobierno para establecer prioridades y/o alcanzar un objetivo concreto. En concreto, el índice evalúa el marco político de un país (constituciones, leyes, leyes de salud reproductiva, etc.) y las directrices programáticas (planes de implementación de costes de PF, estrategias de salud adolescente, planes de desarrollo juvenil, etc.) que afectan a la PF juvenil.
