Asunto: En 2015, el gobierno de Filipinas emitió una Orden de Restricción Temporal (OTR) sobre los anticonceptivos considerados abortivos o inductores del aborto, tachándolos de inseguros para la salud de las mujeres. Esta congelación de la distribución provocó una escasez de ciertos tipos de productos anticonceptivos que amenazaba con alcanzar el desabastecimiento total si la OTC seguía en vigor hasta finales de 2019. En 2017, el Tribunal Supremo dictaminó que la autoridad para determinar si los anticonceptivos califican como abortivos recae en la FDA y ordenó que la agencia revise si debe recertificar 51 métodos anticonceptivos.
Acción: A través de un proyecto financiado por el Mecanismo de Respuesta Rápida, el Likhaan Center for Women’s Health, Inc. proporcionó pruebas científicas que demuestran que los anticonceptivos no son abortivos a las autoridades sanitarias gubernamentales (FDA y DoH), los defensores y los medios de comunicación. Tras concluir su investigación, Likhaan organizó una reunión de información pública para 1.000 participantes y varias sesiones educativas de divulgación a las que asistieron líderes locales, proveedores de servicios y miembros de la comunidad. La organización también distribuyó 1.000 notas informativas a periodistas y 500 notas políticas a funcionarios del Ministerio de Sanidad, grupos de profesionales sanitarios y profesionales de la salud reproductiva.
Impacto: Likhaan ayudó con éxito a la FDA, mediante un documento de investigación y asistencia técnica, a recertificar los 51 métodos como no abortivos, lo que benefició indirectamente a 4,26 millones de mujeres usuarias de anticonceptivos modernos. Al proteger el acceso a una amplia gama de opciones anticonceptivas, Likhaan ayudó a promover los principios de elección informada y voluntariedad, fundamentales para una planificación familiar basada en los derechos. El proyecto también produjo un cambio de comportamiento positivo al reforzar el compromiso de las partes interesadas multisectoriales con la planificación familiar y capacitar a los proveedores de servicios para que se convirtieran en defensores activos del programa nacional de planificación familiar.