Esta “herramienta de construcción de la llamada a la acción” para los defensores de la planificación familiar fue desarrollada por FP2020 en colaboración con PAI, AFP, Jhpiego y Pathfinder.
En muchos países, los sistemas sanitarios carecen de recursos y personal suficientes. La pandemia de COVID-19 está ejerciendo una presión y una carga adicionales sobre estos sistemas sanitarios ya debilitados. Los sistemas de atención primaria de salud, que son el punto de entrada de los servicios sanitarios básicos -incluida la planificación familiar, la atención prenatal y neonatal y las vacunaciones- correrán especial riesgo de colapso. A pesar de este trastorno, la necesidad de SR y PF no cambiará. Para la mayoría de las mujeres y niñas, la planificación familiar es una atención sanitaria básica y fundamental.
Mantener el acceso a los servicios y suministros esenciales de salud sexual y reproductiva junto con nuevas inversiones que permitan al sistema sanitario responder a la COVID-19 no sólo puede contribuir a garantizar mejores resultados sanitarios para las comunidades, sino también a crear vías más sostenibles para la recuperación económica tras la pandemia.
A medida que los gobiernos intentan priorizar los recursos y las intervenciones sanitarias, es fundamental que estos esfuerzos se elaboren con una perspectiva específica de edad y género e integren la información, los servicios y los suministros de salud reproductiva y familiar en la respuesta a la pandemia. Las mujeres no sólo se enfrentan a barreras estructurales, sociales e individuales específicas para recibir atención sanitaria, sino que además constituyen la mayoría del personal sanitario. En los hogares, son las principales cuidadoras, lo que las expone a un mayor riesgo de infección.
Los jóvenes y adolescentes -especialmente los solteros- se enfrentan a barreras específicas a la atención sanitaria que deben abordarse. Las restricciones a la movilidad dificultan aún más el acceso de los jóvenes a una atención de calidad, respetuosa y confidencial. La movilidad limitada por los encierros aumenta el riesgo de violencia sexual y de género en el hogar, lo que contribuye a embarazos no deseados y abortos inseguros. Además, las barreras económicas restringen sus posibilidades de obtener métodos de planificación familiar de su elección, ya que la provisión se desplaza más hacia las farmacias y otras clínicas privadas.
