El cambio hacia unos servicios más equitativos y disponibles pone de relieve la necesidad de una mayor rendición de cuentas a través tanto de los sistemas gubernamentales como de la participación de la sociedad civil en la planificación, revisión y ejecución de los servicios sanitarios. La mejora de las políticas y la programación por parte del gobierno no garantiza una aplicación efectiva, ni asegura que se asignen los recursos adecuados -tanto humanos como financieros- para cumplir estos compromisos.