Según un experto, es imprescindible contar con un marco de seguimiento claro para alcanzar las aspiraciones del recién propuesto proyecto de ley regional sobre salud sexual y reproductiva.
Los miembros de la Asamblea Legislativa de África Oriental (EALA) celebraron la semana pasada consultas públicas en Kigali sobre el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva (SSR) de 2017.
El proyecto de ley pretende promover la salud de la mujer y la maternidad segura en toda la región, además de contemplar los derechos de salud reproductiva de los adolescentes.
El artículo 15 del proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva establece parcialmente que “los Estados asociados salvaguardarán los derechos reproductivos de la mujer permitiendo la interrupción del embarazo cuando, en opinión de un profesional sanitario cualificado, el embarazo ponga en peligro la salud o la vida de la mujer”.
Pero la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), movimiento que presta servicios de salud reproductiva y planificación familiar, afirmó que garantizar la salud sexual y reproductiva requiere un abanico más amplio de medidas y salvaguardias.
La IPPF-África afirma que estas medidas y salvaguardias son necesarias para que las mujeres y las adolescentes ejerzan sus derechos humanos fundamentales a tomar decisiones libres, informadas y responsables en materia sexual y reproductiva, sin discriminación, coacción ni violencia, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y los acuerdos internacionales y regionales vigentes.
“Tenemos que dar vida a las aspiraciones del proyecto de ley garantizando la existencia de un marco de supervisión claro. Debemos disponer de indicadores en toda la región en materia de salud sexual y reproductiva”, declaró Bibiane Mbaye Gahamanyi, asesora de relaciones exteriores de IPPF-África.
“Además, tenemos que garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva se financien mediante una mayor inversión del sector público para reducir la carga que supone para los particulares pagar por estos servicios esenciales que salvan vidas”.
Aunque la organización elogió a los Estados socios de la CAO por reconocer la importancia de la salud sexual y reproductiva para todos, Mbaye afirmó que también era necesario reflexionar y reflejar los marcos continentales e internacionales, como el Protocolo de Maputo.
Adoptado por la Unión Africana en julio de 2003 en Maputo (Mozambique), el Protocolo garantiza amplios derechos a las mujeres, entre ellos el derecho a participar en el proceso político, a la igualdad social y política con los hombres, una mayor autonomía en sus decisiones sobre salud reproductiva y el fin de la mutilación genital femenina.
“Para ello es clave el acceso a los anticonceptivos y acabar con las necesidades insatisfechas, poner fin a la violencia, incluidos los matrimonios infantiles, acceder al aborto seguro y eliminar las barreras, que es una de las principales causas de mortalidad materna en la región”, afirmó Mbaye.
En la reunión consultiva participaron funcionarios del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Género y Promoción de la Familia, la Policía Nacional de Ruanda y la Iniciativa de Desarrollo Sanitario.
Algunos se mostraron deseosos de aportar su voz en cuestiones relacionadas con el aborto, un tema aún polémico en los debates públicos.
El director de programas de HDI-Ruanda, Jean d’Amour Mutoni, sugirió que, en lugar de que el proyecto de ley sólo contemple un motivo para abortar, la ley regional debería estar abierta a otros tres, como en Ruanda, donde la violación, el incesto y el matrimonio forzado también pueden ser motivos para abortar.
“Le sugiero que piense en añadir las demás y, sobre todo, que intente pensar en el proceso, porque en Ruanda, además de las cuatro exenciones, hay un requisito de autorización judicial”, añadió, arrojando luz sobre el dilema que suponen para las embarazadas los largos procesos judiciales.
Aunque los legisladores regionales reconocen la importancia de reproducir las mejores prácticas de los distintos Estados socios por el bien común de la región, el diputado de la EALA James Ndahiro (Ruanda) advirtió que no sería prudente “remitir una cuestión ideológica como el aborto a las leyes y normativas de un Estado socio”.
Según Ndahiro, los Estados asociados se encuentran en distintos niveles de aplicación o utilizan métodos diferentes, y se les debe permitir seguir adelante: “Pero probablemente refleje en alguna parte [de la ley] que hay mejores prácticas” de otros países a tener en cuenta”.
Al final, se espera que los legisladores hayan recopilado informes específicos de cada país sobre el proyecto de ley en los que se detallen las posturas de cada país y, a continuación, actualicen el proyecto de ley.
La diputada Odette Nyiramilimo (Ruanda) dijo que el proyecto de ley también pretende lograr una reducción rápida y sustancial de la morbilidad y mortalidad maternas; garantizar el acceso a una prestación de servicios de planificación familiar de calidad y completa, entre otros.
La Asamblea redactó el proyecto de ley de SSR en colaboración con la Secretaría de la CAO y organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Mundial y la UNESCO.
Los legisladores están recabando las opiniones de las partes interesadas de los Estados asociados para enriquecer el proyecto de ley antes de presentarlo a debate cuando los legisladores se reúnan en Kigali a principios del mes que viene.
