Es última hora de la tarde cuando el jeep blanco se detiene frente a un complejo anexo a uno de los mayores campamentos para familias que huyen de la guerra civil de Sudán del Sur. Acompañada por dos agentes de policía de la ONU, una mujer sale y camina a paso ligero junto a un oxidado contenedor de transporte en el que se encuentra el hombre que presuntamente la violó menos de 24 horas antes.
En un país en el que, según los investigadores de la ONU, se sigue ignorando la violencia sexual pese a haber alcanzado “proporciones épicas” -una encuesta reveló que el 70% de las mujeres de esos campos afirmaban haber sido violadas desde que estalló el conflicto en diciembre de 2013-, este es un raro ejemplo de que se están tomando medidas.
El presunto incidente ilustra no sólo la sombría realidad a la que se enfrentan las mujeres en el extenso campo de protección de civiles de Malakal, sino también las deficiencias de las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz y el carácter improvisado de la justicia en lo que supuestamente es un lugar seguro para 33.000 personas.
