La semana pasada saltó la noticia de una mujer embarazada que fue rechazada en un hospital público y, como consecuencia, perdió a su bebé debido al retraso en recibir atención médica.
Aunque la historia de esta mujer provocó indignación nacional, el maltrato a las embarazadas que buscan atención sanitaria materna es un hecho habitual en toda Kenia, que no hace sino agravarse con la actual huelga de médicos.
A esta mujer se le negó atención médica en la Maternidad Pumwani de Nairobi, un centro que ya ha sido noticia anteriormente por el maltrato a las mujeres.
En 2012, dos mujeres, Margaret y Maimuna, fueron recluidas ilegalmente en el hospital por no poder pagar sus facturas hospitalarias. Fueron objeto de abusos físicos, mentales y verbales. Ambas mujeres demandaron al hospital y al gobierno por violación de derechos humanos. Como resultado, en 2015, el Tribunal Superior de Kenia ordenó al Ministerio de Sanidad que pusiera fin a la discriminación y los abusos sufridos por las mujeres en los hospitales públicos, y al condado de Nairobi que indemnizara a Margaret y Maimuna por la violación de sus derechos.
Margaret y Maimuna representan a decenas de mujeres de todo el país, pero la mayoría de ellas nunca pueden acceder a la justicia por violaciones de sus derechos.
La Constitución establece que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, lo que incluye los servicios de salud reproductiva. Y aunque el presidente Uhuru Kenyatta ordenó en 2013 que los centros sanitarios públicos ofrecieran servicios de salud materna gratuitos y universales, a las mujeres embarazadas se les sigue denegando la admisión de forma rutinaria.
