Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la perspectiva de género en la crisis de COVID-19
Nosotros, los Ministros de Sudáfrica, Suecia, Argentina, Australia, Albania, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Fiji, Francia, Alemania, Grecia, Guinea, Italia, Letonia, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Namibia, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, España y Suiza, tienen el honor de emitir esta declaración conjunta en nombre de los pueblos y gobiernos de 59 países: Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Chipre, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Estonia, Fiyi, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guinea, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Líbano, Liberia, República Checa, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, México, Moldavia, Montenegro, Namibia, Países Bajos, Macedonia del Norte, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Portugal, República de Corea, Rumanía, Serbia, Sudáfrica, Eslovenia, España, Suecia, Túnez, Tuvalu, Suiza, Reino Unido, Ucrania y Uruguay.
La humanidad se enfrenta a la amenaza sin precedentes de COVID-19. En todo el mundo, la pandemia está teniendo un impacto devastador sobre los sistemas sanitarios, las economías y las vidas, los medios de subsistencia y el bienestar de todos, especialmente de las personas mayores. Responder eficazmente a esta pandemia de rápido crecimiento requiere solidaridad y cooperación entre todos los gobiernos, científicos, agentes de la sociedad civil y el sector privado.
COVID-19 afecta de forma diferente a mujeres y hombres. La pandemia agrava las desigualdades existentes para las mujeres y las niñas, así como la discriminación de otros grupos marginados, como las personas con discapacidad y las que viven en la pobreza extrema, y corre el riesgo de impedir la realización de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La participación, la protección y el potencial de todas las mujeres y niñas deben estar en el centro de los esfuerzos de respuesta. Estos esfuerzos deben ser sensibles al género y tener en cuenta los diferentes impactos que rodean a la detección, el diagnóstico y el acceso al tratamiento para todas las mujeres y todos los hombres.
Las medidas restrictivas diseñadas para limitar la propagación del virus en todo el mundo, aumentan el riesgo de violencia doméstica, incluida la violencia de pareja. Dado que la protección sanitaria y social, así como los sistemas jurídicos que protegen a todas las mujeres y niñas en circunstancias normales, se ven debilitados o sometidos a presión por la COVID-19, deben aplicarse medidas específicas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Las respuestas de emergencia deben garantizar la protección de todas las mujeres y niñas refugiadas, migrantes o desplazadas internas. Las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial, y la protección frente a la violencia de género, deben ser prioritarias para garantizar la continuidad. También debemos asumir la responsabilidad de la protección social y garantizar la salud, los derechos y el bienestar de los adolescentes durante el cierre de las escuelas. Cualquier restricción al disfrute de los derechos humanos debe estar prescrita por la ley, ser conforme al derecho internacional y evaluarse rigurosamente.
Apoyamos la participación activa y el liderazgo de las mujeres y las niñas en todos los niveles de toma de decisiones, incluido el comunitario, a través de sus redes y organizaciones, para garantizar que los esfuerzos y la respuesta tengan en cuenta las cuestiones de género y no discriminen ni excluyan aún más a las personas más expuestas.
Es crucial que los líderes reconozcan el papel central de la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) en las emergencias sanitarias y la necesidad de contar con sistemas sanitarios sólidos para salvar vidas. En este contexto, los servicios de salud sexual son esenciales. Volvemos a comprometernos con la aplicación inmediata de la declaración política sobre la CSU por parte de todos. La financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo una prioridad para evitar un aumento de la mortalidad materna y neonatal, una mayor necesidad insatisfecha de anticonceptivos y un mayor número de abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual.
En todo el mundo, las comadronas, enfermeras y trabajadores sanitarios comunitarios son esenciales para contener el COVID-19 y necesitan equipos de protección individual. Un embarazo y un parto seguros dependen de todos estos trabajadores sanitarios, de unas instalaciones sanitarias adecuadas y de una estricta observancia de la prevención de infecciones. Las enfermedades respiratorias en las embarazadas, en particular las infecciones por COVID-19, deben ser prioritarias debido al mayor riesgo de resultados adversos. A medida que nuestras cadenas de suministro nacionales e internacionales se ven afectadas por esta pandemia, volvemos a comprometernos a proporcionar a todas las mujeres y niñas en edad reproductiva productos básicos de salud reproductiva. Y pedimos a los gobiernos de todo el mundo que garanticen el acceso pleno y sin trabas de todas las mujeres y niñas a todos los servicios de salud sexual y reproductiva.
Acogemos con satisfacción los esfuerzos multilaterales, incluidos los de la ONU, entre ellos el UNFPA y ONU Mujeres, la OMS, el Banco Mundial y el FMI, y los bancos regionales de desarrollo, así como las declaraciones del G7 y el G20, en pro de una respuesta coherente y global al COVID-19. Animamos a todos ellos en sus esfuerzos con los gobiernos nacionales y otros socios para garantizar una respuesta eficaz y la garantía de la continuidad de los servicios y derechos sanitarios esenciales.
Debemos coordinar nuestros esfuerzos en esta crisis sanitaria mundial. Apoyamos la resolución de la Asamblea General de la ONU titulada Solidaridad mundial para luchar contra el COVID-19. Y animamos a todos los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil, a los filántropos y a otros a que se unan a nosotros para apoyar la respuesta de emergencia, especialmente en los países más vulnerables, y para dar pleno efecto al compromiso mundial de acceso universal a la asistencia sanitaria.
